Hacienda se ceba ante el colectivo de los trabajadores autónomos y de
las pymes de nuestro país. Y es que según Gestha, a día de hoy ocho de
cada diez técnicos de su plantilla enfocan su trabajo en perseguir
pequeños fraudes e irregularidades de estos grupos de trabajadores,
siendo únicamente el 20% restante de la plantilla los responsables de perseguir el fraude de las grandes fortunas españolas, además de las corporaciones empresariales e multinacionales.
Estos sujetos son, para la organización de técnicos de Hacienda, los
verdaderos responsables de casi las tres cuartas partes del fraude en
España. Así, desde la misma sostienen que si se incrementara la
responsabilidad y las competencias de sus miembros y de los colectivos
implicados en la lucha contra el fraude mejorarían los resultados.
Del mismo modo, estos profesionales hacen hincapié en la necesidad de poner en marcha otras medidas anti-fraude, como la prohibición de los pagos en efectivo por encima de los mil euros o el establecimiento de un límite máximo del cinco por ciento en la participación en las SICAV.
Medidas gubernamentales insuficientes
Un esfuerzo que de ponerse en práctica, subrayan desde Gestha, supondría un aumento para las arcas estatales de una media de 8.000 millones de euros anuales. En este sentido, la organización ha lamentado la puesta en marcha del nuevo Plan anual de Control Tributario y Aduanero, que han tildado de poco ambicioso ya que los esfuerzos destinados al mismo no lograrán reducir la economía sumergida.
Así, han señalado que el propósito de control de fraude en un máximo
de 11.300 millones de euros se superará, ya que es inferior en mil
millones a los resultados logrados en 2014. Sin embargo, desde Gestha
han recordado que los resultados de este periodo representaron un 23% de
la evasión total estimada, o lo que es lo mismo, más de tres cuartas
partes del fraude estimado quedó impune.
Del mismo modo, estos profesionales hacen hincapié en la necesidad de poner en marcha otras medidas anti-fraude, como la prohibición de los pagos en efectivo por encima de los mil euros o el establecimiento de un límite máximo del cinco por ciento en la participación en las SICAV.
Medidas gubernamentales insuficientes
Un esfuerzo que de ponerse en práctica, subrayan desde Gestha, supondría un aumento para las arcas estatales de una media de 8.000 millones de euros anuales. En este sentido, la organización ha lamentado la puesta en marcha del nuevo Plan anual de Control Tributario y Aduanero, que han tildado de poco ambicioso ya que los esfuerzos destinados al mismo no lograrán reducir la economía sumergida.
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